La Asociación Nacional de ITEAF viene desde hace tiempo movida por la preocupación referente a la concesión única a una empresa pública para realizar inspecciones en el territorio de Andalucía, lo que repercutía en la actividad del resto de empresas pertenecientes a este sector y vulneraba, según nuestro entender, los derechos de libre competencia de otras empresas y actividad, de esa u otra parte de España.
Finalmente, y tras un largo período de negociación e instancias ante las AAPP y la Administración General del Estado, ANITEAF intervino ante dichos organismos durante estos últimos meses, consiguiendo que la Junta de Andalucía aprobara una Orden (la Orden del 20 de Mayo de 2016 por la que se hace público el Programa de inspección de equipos de aplicación de productos fitosanitarios y se establece el modelo de solicitud y comunicación de la actividad de inspección). El 9 de mayo de 2016, se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el Decreto ley 3/2016, que ”ha derogado la exclusividad para el servicio de inspección en Andalucía que, hasta la fecha, estaba asignado a VEIASA por lo que otras empresas podrán prestar ese servicio”. Con esta derogación y modificación, impulsada y defendida por ANITEAF, se ha conseguido que las empresas dedicadas a las inspecciones de equipos de aplicación de fitosanitarios puedan ejercer su actividad sin barreras.
Es de especial importancia recordar la necesidad de realizar una inspección de calidad, ya que es un aspecto que nos afecta a todos, principalmente al agricultor, que necesita una garantía de calidad en cuanto a la protección de su maquinaria y al ahorro en fitosanitarios (evitando pérdidas innecesarias), al personal usuario de los equipos, a los que se les debe proveer de seguridad laboral realizando una inspección adecuada y, por supuesto, asegurar el cumplimiento de la Directiva Europea de uso sostenible.
Desde hace tiempo se han venido realizando inspecciones inadecuadas, según nuestro entender de lo que debe una inspección adecuada a la responsabilidad de usuarios e inspectores, por parte de algunas ITEAF. Presentando el caso ante las AAPP, la Asociación ha conseguido la revocación, por parte de las CCAA de Castilla y León y Aragón) de las autorizaciones concedidas por estas, por llevar a cabo una actividad inapropiada realizando inspecciones no adaptadas a la normativa vigente, provocando así una minusvaloración del sector, la pérdida de rigor del mismo ante los agricultores y una competencia desleal hacia el resto de ITEAF.
Recordar que ANITEAF defiende, principalmente, al agricultor y en ese camino abogaremos por inspecciones y servicios dignos, y a la altura de nuestro sector agrario.